En el marco del ingreso de Chile como miembro de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico en Diciembre de 2009, entró en vigencia la Ley 20.393, que establece la responsabilidad penal de las personas jurídicas, pudiendo ser sancionadas por delitos que cometan sus directores, ejecutivos, trabajadores y colaboradores, es decir, existe una doble sanción, por un lado, se sanciona a la persona natural y, adicionalmente, a la empresa.
De acuerdo con la citada normativa, las personas jurídicas responden penalmente en forma directa en caso de que sus dueños, directores, ejecutivos principales, representantes, quienes ejecuten actividades de administración y supervisión o quienes están bajo la dirección o supervisión directa de los anteriores, cometan alguno de los siguientes delitos:
-lavado de activos, - financiamiento del terrorismo, - negociación incompatible, -- soborno, - cohecho de funcionarios públicos, -corrupción entre particulares, -receptación, - apropiación indebida, - administración desleal, - contaminación de aguas, - violación de productos en veda, - pesca ilegal de recursos del fondo marino, - procesamiento y almacenamiento de ilegal de productos escasos y cualquier otro delito que la misma regulación pueda contemplar.
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